Los fiscales esperan que la reforma propuesta por ellos se concrete. Y la Policía ruega para que la norma se ponga en funcionamiento lo antes posible. Pero, a pesar de que ya pasaron 11 días desde que la Legislatura aprobó el nuevo Código Procesal Penal, con las modificaciones a la ley de flagrancia, aún no está en vigencia.

Fuentes policiales aseguraron que en el gran San Miguel de Tucumán (la capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes, Banda del Río Salí y el Manantial) se producen, por día, más de 50 arrebatos, aunque ni la mitad de los mismos son denunciados. Es, por lejos, el delito que más se perpetra y, según las encuestas, al que más le temen los tucumanos.

Hace pocas semanas, el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, se refirió a este tipo de ataques. "Muchas veces la Justicia toma esto como un delito menor, pero varios son reincidentes y los sueltan porque se trata de un delito excarcelable. Para colmo, si es menor, se lo entrega a los padres", afirmó el funcionario. Según cifras oficiales, en lo que va del año se arrestó a 180 arrebatadores (poco más de uno cada dos días), el 90% de ellos en flagrancia, es decir en el momento o inmediatamente después del ataque. Menos del 10% queda detenido.

El 28 de noviembre de 2009, en la esquina de Julio Prebisch y avenida Sáenz Peña, una mujer de 63 años volvía de hacer compras, cuando fue atacada por cuatro individuos en dos motos. Le intentaron quitar la cartera, la voltearon y se golpeó la cabeza. Mercedes del Carmen Ramírez de Cahisa, falleció el 2 de diciembre.

El comisario Luis Mansilla también dio su parecer. "Este delito tiene una característica primordial, que es la oportunidad. Los delincuentes no actúan si no ven que está oscuro y hay una víctima accesible. En la inmensa mayoría de los casos se trata de mujeres; en menor medida perjudica a niños. Pero es muy difícil recordar hechos en los que hombres hayan sido los damnificados", relató el comisario.

Con la aprobación de las modificaciones al Código, los fiscales tendrán 20 días para investigar, prorrogables por otros 20 días, y luego hacer el requerimiento de elevación a juicio ya que al contarse con las pruebas de robo, el trámite se agiliza. El acusado, en caso de no tener condenas anteriores, podrá acceder al beneficio de una probation, o recibir una pena de cumplimiento condicional. Los camaristas o el juez correccional tendrá 40 días para resolver la situación del detenido.